El pueblo argentino está más que acostumbrado a convivir con una economía en crisis. Podría decirse que su población se encuentra prácticamente inmune al hecho de tener que esforzarse diariamente en adaptarse a las ineficientes políticas económicas del gobierno de turno. Esta es la realidad que arrojan los números que, año tras año, indican que la Argentina parece condenada a padecer una eterna enfermedad crónica en relación a la manera en que sus gobiernos manejan la economía. Y es una enfermedad a la que ningún partido político ha sabido tratar como corresponde. Eventualmente, el encontrar una vacuna para curar el Covid-19 va a ser sólo cuestión de tiempo. Sin embargo, los problemas económicos de la Argentina no solamente van a estar esperándola allí, sino que es muy probable que vayan a cobrar una fuerza tan devastadora como los efectos que este nuevo virus tiene sobre las personas.

Lo único positivo para el actual gobierno con respecto a la pandemia de Covid-19 ha sido que con ella ha podido justificar las demoras en el pago del vencimiento de la deuda externa fijado para el mes de marzo. A pesar de ello, los tenedores de bonos extranjeros anticipan que no se aceptaran los términos de renegociación de la misma que propondrá el gobierno de Alberto Fernández, con lo cual Argentina se acerca indefectiblemente a su noveno default.

Precisamente era el mes de marzo donde se iba a poder apreciar el verdadero modelo económico que el nuevo gobierno se disponía a implementar desde que asumió en diciembre de 2019. Hasta el momento, debido a la naturalmente escasa actividad producto de las vacaciones de verano, el gobierno peronista de turno se había dedicado a paliar la crítica situación económica mediante una serie de medidas, las cuales (de acuerdo a la mayoría de los economistas locales) son insuficientes y de corto alcance:

• Aumentar por decreto los sueldos de trabajadores estatales y privados.
• Congelamiento de tarifas y transporte.
• Modificaciones en los aumentos jubilatorios.
• Suba “solidaria” de los impuestos (es decir, aumentos impositivos a los sectores mejor parados económicamente para destinar esos ingresos a los sectores más pobres).
• Freno a la suba de combustibles.
• Continuidad del plan Asignación Universal por Hijo.
• Precios Cuidados (productos de supermercado con topes de precio acordados por el gobierno).
• Tarjeta Alimentaria (mediante esta tarjeta, aquellos beneficiarios del plan Asignación Universal por Hijo pueden adquirir productos de la canasta básica alimentaria).

Pero fue precisamente durante el mes de marzo en el que, debido a la inminente pandemia de Coronavirus, el gobierno argentino se vio obligado a priorizar la salud de la población, ordenando una estricta cuarentena. Lamentablemente, esta medida tuvo como lógica consecuencia una enorme pérdida en relación a la recaudación impositiva de los sectores productivos y comerciales. Aún peor fue el hecho de que aquellos sectores vulnerables dependientes del trabajo informal hayan visto paralizadas sus fuentes laborales como consecuencia del aislamiento social impuesto por el gobierno. El estado argentino decidió destinarle a este sector en particular un bono de $10.000 pesos durante el mes de abril (el cual es muy probable que se repita en los meses venideros). Este magro paliativo económico proviene de recursos que se ven cada vez más reducidos como consecuencia del Covid-19 y que sirven para aliviar tenuemente la situación de emergencia en la que se encuentran los 7,8 millones de trabajadores informales que resultan beneficiados por este pago único.

En cuanto a las medidas económicas de emergencia para los sectores de clase media, estas han sido escasas e insuficientes. Probablemente la lógica que utilizó el gobierno (además del aspecto ideológico del partido al que pertenece) haya sido enfocarse en los sectores más endebles de la economía para evitar así un inminente estallido social. Desafortunadamente, para aquellos contribuyentes que trabajan en relación de dependencia y para los dueños de pequeños comercios o empresas de servicios, sus ingresos no solamente se han vistos paralizados como consecuencia de la cuarentena, sino que deben continuar cumpliendo con los gastos comunes de sus negocios y del pago de salario de sus empleados. El ánimo de la inestable clase media argentina se encuentra en un nivel muy bajo, sobre todo porque siempre se le imponen sacrificios económicos cuando la clase política y judicial nunca se decide a realizar un aporte al bien común mediante una rebaja (aunque más no sea simbólica) de sus salarios.

El presidente Alberto Fernández recientemente decretó una ley que prohíbe a las empresas a despedir a su personal durante un período de 60 días. Además, contribuyó con $30.000 millones de pesos para que éstos funcionen cómo garantía de modo que las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) accedan a préstamos para capital de trabajo. Es decir, que estos micro-emprendimientos tengan la posibilidad de solicitar préstamos para pagar los sueldos de sus empleados. Evidentemente, el hecho de que se le otorgue créditos a los comercios de manera que, mediante el endeudamiento, sus empleados no queden en la calle no es una medida que los dueños de empresa alguna vean como algo positivo.

Ante el difícil cuestionamiento que algunos se hacen sobre si es más importante preservar la salud de los ciudadanos o evitar el congelamiento de la economía, realmente no debería haber discusión alguna: ambas son cuestiones fundamentales y se afectan la una a la otra. Indudablemente, para un gobierno que heredó un país que terminó el año 2019 con un 50% de inflación, una deuda externa de U$D100.000 millones de dólares, caída del PBI de 2,1%, una moneda local en constante devaluación y niveles de pobreza superiores al 40%, la pandemia actual de Covid-19 realmente no podría haber llegado en un peor momento. El hecho de que la Argentina se encamina hacia un nuevo default con respecto al pago de su deuda externa es solamente un indicio de que la situación económica del país se encuentra en un punto crítico y, por desgracia, esto seguramente es tan sólo el comienzo. Sin embargo, los argentinos ya han pasado períodos de crisis que, en mayor o menor medida, han logrado superar. Como ejemplo, basta recordar la devaluación de 2018, la crisis financiera global de 2008, la hecatombe socio-económica de 2001, la hiperinflación de 1989, y la lista hacia atrás sigue y sigue.

Es muy probable que, hasta el momento en que algún laboratorio consiga elaborar una vacuna efectiva contra el Covid-19, la Argentina todavía deba lamentar un mayor número de muertes a causa de este virus. La pandemia actual es un problema que ha afectado hasta los países más ricos y desarrollados del mundo. Pero en cuanto a crisis financieras se refiere, los argentinos a esta altura probablemente se hallen generacionalmente inmunes a sus efectos. Después de que por la Casa Rosada han pasado gobiernos ideológicamente muy diferentes que en materia de economía lo han intentado todo y aun así han fracasado, el pueblo argentino parece resignado a considerar que la crisis financiera es simplemente una enfermedad que no tiene cura.

El texto anterior representa mis ideas y opiniones inspiradas en: Financial Times: Argentina heads for ninth sovereign debt default. (https://www.ft.com/content/2fab03a5-ed35-489e-8f24-980c488d1ec6), World Bank: Argentina´s overview. (https://www.worldbank.org/en/country/argentina/overview), New York Times: Postales de la crisis de eterno retorno argentino. (https://www.nytimes.com/es/2020/02/10/espanol/opinion/crisis-argentina.html), Infobae: Bono de Anses, el Gobierno confirmó que 7,8 millones de personas cobrarán los $10.000. (https://www.infobae.com/economia/2020/04/13/bono-de-anses-el-gobierno-confirmo-que-78-millones-de-personas-cobraran-los-10000/), Perfil: Las medidas económicas de Alberto Fernández ayudan, pero no lograrán controlar la inflación. (https://www.perfil.com/noticias/economia/medidas-economicas-alberto-fernandez-ayudan-pero-no-logran-contener-inflacion.phtml)