La minería se ha convertido para el hombre en una forma de adquirir riquezas y ha permitido la evolución de la industria en general. Sin embargo, las prácticas llevadas a cabo para extraer estos minerales usualmente se interponen sobre los derechos de los pueblos vulnerables.

El impacto de la minería sobre los pueblos indígenas y las áreas que estos protegen se ha convertido en un tema de constantes disputas, ya que al realizar este tipo de actividades mineras usualmente ilegales o sin ningún procedimiento de seguridad medioambiental se tienden a violentar los derechos de estos.

A inicios de la década de los 90s, los gobiernos latinoamericanos comenzaron a cambiar los marcos legislativos de tal manera que beneficiaran la inversión internacional e impulsaran sus economías nacionales, dejando ciertamente desprotegidos o vulnerables a los pueblos autóctonos que desde hace siglos se esfuerzan por preservar su cultura y el entorno que los rodea.

Desde entonces, la presión social impuesta por movimientos indígenas y ONGs que han logrado algunos avances en materia de protección ante la actividad minera en espacios protegidos, ha obligado a los mandatarios a ceder ante estas demandas.

Sin embargo, estas han sido poco eficientes o ligeramente contundentes. Un trabajo investigativo realizado por DW demostró que aproximadamente 900 indígenas en Venezuela se han visto en la obligación de desplazarse a causa de la minería ilegal y la violencia que esta ha generado, dicha situación se repite en países como Brasil, Perú, Chile y Ecuador.

¿Se podría entonces decir que las restricciones mineras impulsan los focos de explotación ilegal en los territorios de los indígenas?

“Al igual que Gulliver, la industria minera es un gigante robusto maniatado por un millón de hilos de seda”.

¿Qué efectos trae la minería?

Los efectos de las actividades mineras son muy variados. En primer lugar, las concesiones otorgadas por los gobiernos a las empresas de explotación internacional usualmente se aplican sobre territorios resguardados como parques nacionales o reservas naturales. En estos acuerdos las empresas explotadoras gozan de cierto privilegio sobre dichas extensiones de tierra. Estos se superponen sobre los derechos indígenas contemplados en las constituciones o marcos legales de estos países latinoamericanos y del Caribe; sin embargo, lo que ocurre es que los marcos legales se han visto modificados por reformas o interpelaciones a cargo del poder ejecutivo, quien atribuye estas modificaciones como un elemento primordial en el fortalecimiento de la economía, la generación de la mano de obra y el desarrollo.

En segundo lugar, las campañas de explotación minera traen consigo la aplicación de elementos técnicos que incorporan agregados seriamente tóxicos para el ecosistema y la salud humana. Tal es el caso del ácido sulfúrico y el cianuro, estos dos elementos son los responsables de la muerte de miles de hectáreas de tierra en el continente americano, afectando a las etnias que habitan en ellas.

Por último, el uso de agua en grandes cantidades por parte de las compañías de explotación metálica ha venido diezmando afluentes muy reconocidos. Tal es el caso del río Amazonas en Brasil y el río Orinoco en Venezuela, los cuales han registrado también altos niveles de contaminación a causa de los químicos usados por las empresas. Estos cauces de agua han representado para los pueblos indígenas una fuente vital de supervivencia, ya que en estos se realizan actividades de pesca y su agua es usada para el riego y el consumo.

“La minería por su propia naturaleza causa daños ambientales y sociales, tanto a gran como a pequeña escala. Contamina cuerpos de agua, como ríos y lagos, también fuentes subterráneas de agua. Adicionalmente, provoca contaminación del aire debido a sus emisiones de gases” Luis Vittor, Harvard Review Of Latin America.

El nacimiento de un movimiento social

Alrededor de todo el mundo han surgido movimientos sociales que condenan los actos de indiscriminación sobre los pueblos indígenas y brindan la oportunidad de darle voz a los mismos.  Tal es el caso del Consejo Indígena de Centro América, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, y la Seventh Generation Fund for Indian Development.

Estos movimientos, aunque han sido subestimados muchas veces, proporcionan grandes resultados como lo sucedido en el año 2002 en Argentina. En ese año, los habitantes votaron en referéndum para ir en contra de la explotación minera a cargo de Gold Maridian Company. Otro ejemplo ocurrió en Guatemala, donde gracias a su gran capacidad organizativa, pueblo indígena de Sipacapa organizó un referéndum en contra de las actividades mineras impulsadas por la minera Marlin. Esto representó un triunfo para los pueblos mayas, siendo las comunidades indígenas de Guatemala una de las más reconocidas por su activismo contra los proyectos mineros; cuenta con un récord de 74 de estos referéndums en un año (2012).

De igual forma sucede con los Kichwa en Ecuador, los Kañaris en Perú y también en las comunidades afrodescendientes e indígenas de la provincia de Piedras en Tolima, todos estos han sido reconocidos por sus constantes esfuerzos contra la minería en sus territorios.

“Desde el punto de vista de los gobiernos, los referéndums comunitarios conspiran contra la soberanía del Estado. Las autoridades federales no reconocen su validez porque supuestamente estos procesos no son vinculantes” asegura Luis Vittor, para la Revista Harvard Review Of Latin America.

Conflictos, violación de los derechos humanos y explotación ilegal bajo la mirada inerte de los gobiernos

Aunque los esfuerzos por evitar los proyectos mineros se han intensificado, esto no ha representado el cese de estos; más bien se han incrementado los focos de violencia entre los pueblos indígenas. Las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados que rodean a la extracción ilegal se han tornado en cuestiones sumamente preocupante para los organismos internacionales, los cuales observan cómo los gobiernos permanecen inertes ante esta escalada violenta.

Mientras tanto la lucha continúa en medio de un panorama que no resulta demasiado alentador, pues los intereses económicos se interponen ante cualquier tipo de derecho humano. La tierra sigue gritando mientras los pueblos indígenas continúan luchando por mantener su etnia, cultura y estilo de vida en medio de la destrucción por la explotación minera. ¿Acaso se logrará avanzar en la protección de los derechos indígenas y su territorio, sin el respaldo de los gobiernos latinoamericanos?

El texto anterior expresa mis ideas y opiniones inspiradas en: 
https://revista.drclas.harvard.edu/book/indigenous-people-and-resistance-mining-projects
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/mining-indigenous-rights-emergence-global-social-movement
https://www.alainet.org/es/active/71629
https://www.dw.com/es/miner%C3%ADa-en-am%C3%A9rica-latina-no-hay-desarrollo-sin-sostenibilidad/a-50407162