Innumerables estudios demuestran que la mayoría de las estudiantes universitarias estadounidenses que son víctimas de ataques sexuales no los reportan a las autoridades debido al tortuoso proceso al que posteriormente son sometidas. A pesar de ello, el estado de Nueva York promulgó una ley que lo dificulta aún más todavía, al solicitarles exhaustivas pruebas a las autoridades universitarias con respecto a la culpabilidad de los acusados. Sin dudas se trata de un paso hacia atrás en la lucha de las numerosas jóvenes que, año tras año, sufren abusos sexuales dentro de las universidades norteamericanas. 

El departamento de Justicia de los EEUU ha determinado que, anualmente, más de 400 mil personas sufren un ataque sexual en todo el país. Esto equivale a un abuso de este tipo cada 73 segundos, una alarmante cifra en la que la mayoría de las víctimas son mujeres adolescentes. Las investigaciones demuestran que, durante al menos dos semanas posteriores al hecho, casi la totalidad de ellas padecerán de Estrés Post Traumático, el cual muchas veces deriva en pensamientos suicidas y abuso de sustancias ilegales. De acuerdo a un estudio del año 2019 realizado por la Association of American Universities, el 13% de las estudiantes universitarias estadounidenses ha sufrido casos de sexo no consensuado o, en otras palabras, de violación.

El miércoles 6 de mayo de este año, el Departamento de Educación norteamericano terminó de delinear las nuevas regulaciones a las que todas las universidades federales de este país deberán someterse con respecto a los casos de abuso sexual que ocurran dentro de sus predios. Estas nuevas directivas se encuentran incluidas dentro de Title IX, una ley federal de derechos civiles que se promulgó en el año 1972 y en la cual se establecen pautas que protegen a los ciudadanos estadounidenses de ser sujetos a casos de discriminación sexual.

La Oficina de Derechos Civiles de los EEUU demoró casi un año y medio en delinear las nuevas reglamentaciones de la ley Title IX, ya que contenía más de 124 mil comentarios públicos que debían ser cuidadosamente revisados. Se trata de un enfoque diferente al que tomó la administración de Barack Obama en los años 2011 y 2014 con respecto a los casos de abuso sexual en las universidades federales estadounidenses. Si bien la anterior era básicamente una serie de guías para estos centros educativos, la actual revisión cuenta con regulaciones que se encuentran amparadas por la ley. Aunque ésta última no se trata de la única diferencia, ni la más importante.

Durante la presidencia de Obama, los ataques sexuales dentro de los campus universitarios de Norteamérica mantenían una línea en la que las autoridades académicas se basaban en las evidencias más convincentes a la hora de sancionar a los alumnos implicados en casos de abuso sexual. Debido a la masiva cantidad de juicios civiles que presentaron estos jóvenes acusados, la nueva ley Title IX les otorgan a las universidades la facultad de requerir mayores pruebas a ambas partes, por lo que el proceso se dificulta aún más para la víctima.

De acuerdo a la Secretaria de Educación de los EEUU, Betsy DaVos, esta nueva reglamentación le otorgará un “balance a la escala de justicia” con la que los campus universitarios de este país intervienen en los casos de ataques sexuales. La visión de la Casa Blanca al respecto es que la tendencia que prevaleció hasta el momento fue la de fallar en favor de la víctima sin que el acusado pueda contar con un proceso justo y exhaustivo. El secretario de la Oficina de Derechos Civiles, Kenneth Marcus, asegura que la nueva ley Title IX: “Finaliza con la falsa dicotomía de proteger a los sobrevivientes, ignorándose el debido proceso, o proteger al acusado, desestimándose así la agresión sexual”.

Know Your IX es una organización nacional estadounidense que lucha contra este tipo de abusos en los campus universitarios y la cual está convencida de que esta reglamentación sólo logrará perjudicar aún más la situación actual de las víctimas. Debido a que el proceso por el que deberán atravesar éstas últimas una vez denunciado el hecho será más arduo, muchas de ellas podrían decidir no hacer público el abuso sufrido. Title IX determina que las autoridades académicas deberán someter a las damnificadas a intensos interrogatorios, los cuales poseen lógicas consecuencias negativas para la salud psicológica de ellas. Teniendo en cuenta que ahora se tratará de un largo y tedioso proceso, esto también puede motivar a las universidades a ignorar este tipo de denuncias.

Por su parte, aquellos que se encuentran a favor de esta nueva ley (principalmente miembros del actual gobierno) aseguran que este es un “mal necesario” para poder lograr que los casos de abuso sexual en las universidades sean lo más justos posible, tanto para la denunciante como para el acusado. Andrew Mitenberg, un abogado neoyorquino especialista en este tipo de procedimientos, cree que un interrogatorio exhaustivo de ambas partes es vital para comprobar la credibilidad de cada uno de los involucrados.

Probablemente, la peor consecuencia que tendrá esta nueva ley será que los acusados de un ataque sexual tienen la opción de abstenerse de declarar en su caso. La ley Title IX específicamente establece que, como una estrategia que evite a los perpetradores de estos abusos caer en una auto-damnificación, ellos podrán elegir el silencio. Aún peor es el hecho de que las universidades no podrán tomar a esta falta de testimonio como una señal de que el acusado tiene miedo a confesar su culpabilidad.

Más allá de las opiniones que, tanto los detractores como los defensores, tengan acerca de la nueva ley Title IX, lo cierto es que entrara en vigencia a partir del 14 de agosto del presente año. Precisamente, el hecho de que el gobierno estadounidense haya decidido promulgar una ley tan importante durante la actual pandemia ha generado el rechazo mayoritario de la comunidad educativa del país. American Council of Education, un organismo que nuclea a 1.700 líderes universitarios, emitió un comunicado en el que declara que el Departamento de Educación “no vive en el mundo real” al decretar esta ley en las presentes circunstancias.

Las justificaciones utilizadas para la implementación de esta ley que ha hecho públicas el gobierno de los EEUU, como así también su Ministerio de Educación, apuntan a que la Title IX les provea a las víctimas y a los acusados de abuso sexual en las universidades federales un trato más justo. A pesar de los reclamos de las organizaciones que defienden a las jóvenes que sufren este tipo de ataques, el proceso por el cual ellas podían hacer visible sus denuncias ahora ha adquirido una connotación todavía más humillante. Sólo las futuras estadísticas darán a conocer si su histórica y lógica reluctancia por hacer público su abuso sexual se verá potenciado por las particulares consideraciones que esta nueva ley les otorga a sus atacantes.

El texto anterior expresa mis ideas y opiniones inspiradas en
A New Title IX Rule Essentially Allows Accused Sexual Assailants to Hide Evidence Against Them. (https://time.com/)
U.S. Publishes New Regulations on Campus Sexual Assault. (https://www.insidehighered.com/)
Victims of Sexual Violence: Statistics. (https://www.rainn.org/)
The Realities of Sexual Assault on Campus. (https://www.bestcolleges.com/)